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NOTICIA
07-06-2018
Plena inclusión pide el fin del copago confiscatorio

El sobreesfuerzo económico de una familia está entre 24.000 o 50.000

Ante el nombramiento de Carmen Montón como Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar  Social, Plena inclusión pide  medidas urgentes  que garanticen unos ingresos básicos exentos de copago que hagan posible  la inclusión social efectiva  de este  colectivo.
Plena inclusión  ha calculado el sobrecoste económico para una familia con un miembro con discapacidad intelectual entre 24.000 y 50.000 euros según el grado de discapacidad
También denuncia la dura regulación del copago de muchas Comunidades Autónomas, lo que supone una excesiva carga económica para las personas y familias de uno de los colectivos con mayor tasa de desempleo, menores ingresos y mayor riesgo de pobreza y exclusión.
Con el reciente nombramiento de Carmen Montón en el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social Plena inclusión espera que el impulso de la agenda social suponga el fin de los sistemas confiscatorios de Copago y el reconocimiento de unos ingresos mínimos garantizados y dignos para las personas con discapacidad y sus familias.
En concreto Plena inclusión exige la eliminación de la normativa que posibilita un  copago confiscatorio, en línea con la ILP que promovió junto a CERMI y  que hoy se haya atascada en el Congreso de los Diputados.
Igualmente exige la sustitución  en la Ley de Dependencia del concepto dinero de bolsillo que esconde unos mínimos mensuales indignos que llevan a  muchas personas con discapacidad a malvivir con menos de 300 euros al mes, para ser sustituido por un ingreso básico para la inclusión que sea resultado de la suma de pensiones y renta mínima o, en el caso de ser trabajador, salario mínimo interprofesional más renta mínima. Estas medidas vendrían a garantizar una vida digna y en comunidad y que sirvan como discriminación positiva para hacer frente a los sobrecostes que ya supone la discapacidad. Esta ONG ha  calculado que para una familia con una persona con discapacidad moderada ascienden a  24.000 euros y que llega en las personas con más necesidades de apoyo hasta los 50.000 euros.
Plena inclusión considera que la mayor inversión social posible es una política de apoyo a las familias que son, al fin y al cabo, el mayor prestador de apoyos y el dispositivo más eficaz  de equilibrio y cohesión con el que cuenta una sociedad, tal y como están demostrando en esta larga crisis económica. Porque #CadaFamiliaImporta, como reza el lema del Año de las Familias de Plena inclusión.


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