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Balance del primer año de reforma legislativa: hemos recibido 200 consultas

Balance del primer año de reforma legislativa: hemos recibido 200 consultas

en Noticias
Mañana se cumple 1 año
desde que el Congreso aprobó 
cambiar del Código Civil. 
Ahora el Código Civil reconoce la capacidad jurídica
de todas las personas con discapacidad
y cambiar el sistema de apoyos que reciben. 

La Federación ha hecho un estudio
en 18 asociaciones de Castilla y León
para saber cuál es la situación de las personas con discapacidad
después del cambio de la Ley. 

Además, la Federación creó un servicio 
para que las familias y las personas resolvieran sus dudas
sobre los cambios en la Ley.
Las familias y personas valoran muy bien este servicio
porque resuleve sus dudas de forma personalizada. 

La Federación apoya tanto a las familias y profesionales
para conseguir que se apliquen
los cambios de la Ley.

Mañana hace un año que se aprobó la reforma y ha sido positiva porque es un reconocimiento de derechos de las personas pero su desarrollo está siendo muy difícil y lo que nos trasladan desde las entidades es que las familias están preocupadas y demandan mucha información”, afirma Teresa González, responsable de Familias de Plena inclusión Castilla y León.  


Plena inclusión Castilla y León ha realizado un pequeño estudio con 18 entidades federadas para conocer la situación actual de personas con discapacidad intelectual con modificaciones en la capacidad jurídica tras la aprobación de la Ley 8/2021 que implicó cambios tan notables como la eliminación del tutor o la patria potestad prorrogada. Los datos de estas 18 entidades nos muestran un recorrido muy corto en este primer año, con un total de 180 sentencias de las cuales el 89% (166) son sentencias revisadas en el momento de rendir cuentas la familia o las Fundaciones y también cuando se han dado circunstancias especiales, como el fallecimiento del tutor/a o se han producido modificaciones patrimoniales. Según el estudio, estos procedimientos los ha iniciado muchas veces el Juzgado o Fiscalía de oficio. 

El estudio destaca que en estas sentencias modificadas, solo el 34,4% de las personas han tenido una entrevista con algún profesional de los juzgados. “Otro dato revelador es que las entrevistas están siendo principalmente online y, como todos sabemos es un formato complejo de comunicación que no facilita un conocimiento integral de la persona” destaca Ana Belén Sevillano, área jurídica de Plena inclusión Castilla y León que forma parte del equipo de respuesta del Servicio de información que puso en marcha la Federación para resolver dudas a familias y entidades y que ha recibido una veintena de consultas y se ha realizado cinco monográfico con casi 200 familiares. “Este servicio está siendo muy bien valorado porque es muy personalizado” añade Sevillano.
Otro dato revelador es el papel de las entidades que están presentes en el acompañamiento y apoyo a las familias en este proceso. Concretamente el 67% de las sentencias presentan informe psicosocial de la entidad. En muchos casos sin que éste haya sido requerido por los juzgados y tras la petición de la familia a la propia entidad. Finalmente, el estudio concluye con una batería de prácticas ejemplarizantes, “buenas y malas”. 

Entre la batería de buenas prácticas destacan aquellas entrevistas telemáticas o presenciales a la persona con discapacidad donde la calidez es la nota dominante y el objetivo es conocer de verdad a la persona e ir más allá de los documentos presentados y profundizar en inquietudes de la persona. 

Por otro lado, también se valoran como positivas aquellas sentencias donde no sólo aparece la figura de apoyos, sino que se detallan los apoyos. En el plano de malas prácticas son reseñables algunos ejemplos como el otorgamiento del guardador de hecho independientemente de la necesidad de apoyo, lenguaje técnico de los profesionales del juzgado, video llamadas que no permiten el conocimiento de la persona sin opción de recibimiento en persona, citas cerradas sin consulta previa, solicitud de informes a instituciones que no conocen a la persona, etc.

“Por ello, y para seguir avanzando en la aplicación práctica de la Ley, desde la Federación planteamos diversas líneas de acción que permitan ir mejorando a todas las partes implicadas: ofreciendo apoyo a los técnicos sobre la elaboración de informes en sesiones formativas, planteando espacios de debate entre los operadores jurídicos y las entidades para poder valorar las necesidades de cada uno en la aplicación de la reforma legislativa, construyendo el modelo de facilitador judicial que consideramos necesario, recogiendo y dando cauce a las dudas de las familias y trabajando el proceso de toma de decisiones con las personas con discapacidad intelectual siendo flexible con las potencialidades de cada persona” destacan casi al unísono Teresa y Ana Belén que lideran este proyecto de apoyo a las personas y a las familias en temas de modificación de la capacidad jurídica.