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Plena inclusión y AEFT hacen aportaciones a la reforma del Código Civil

Plena inclusión y AEFT hacen aportaciones a la reforma del Código Civil

en Noticias
Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares
han hecho un texto para adaptar el Código Civil
a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad.
Las 2 organizaciones proponen un nuevo modelo de apoyos
centrados en las necesidades de cada persona. 

Plena inclusión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) han trabajado en la elaboración de un texto conjunto a tenor de la consulta pública sobre la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, abierta por el Ministerio de Justicia antes de formular un texto que permita modificar el Código Civil y la Ley procesal adaptándolos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


Expertos de la AEFT y de la red de juristas de Plena inclusión comparten la incuestionable y urgente necesidad de adaptación de la legislación española al texto y al espíritu de la Convención, puesto que el texto vigente del Código Civil en esta materia responde a un modelo y a un acercamiento a la discapacidad obsoletos, que identifica la discapacidad por encima de cualquier otra consideración y, por tanto, reconoce sólo situaciones de modificación jurídica de la capacidad para realizar determinados actos patrimoniales y personales.
Frente a esa consideración, la Convención proclama la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en iguales condiciones que el resto, y propone un nuevo modelo de provisión de apoyos que permitirá el ejercicio de esa plena capacidad jurídica en función de las necesidades de la persona.


Desde ambas entidades se considera que el retraso que ha padecido la adaptación legal a lo suscrito por España en la Convención ha generado una situación de grave inseguridad jurídica, puesto que permite la convivencia de dos textos legales que responden a visiones de la discapacidad difícilmente armonizables. Por ello, y pese al enorme retraso que suponen los 10 años trascurridos desde la ratificación por España de la Convención, las organizaciones se felicitan de que por fin se afronte esta necesaria reforma legal.


Asimismo, en la comunicación remitida al Ministerio de Justicia, han expuesto la necesidad de que el nuevo texto legal proponga un sistema de provisión de apoyos flexible, que tenga en cuenta las diferencias en la intensidad y duración de los mismos, que garantice el respeto a la voluntad y preferencias de la propia persona con discapacidad y que aplique las salvaguardas necesarias que la Convención determina.


Ambas organizaciones permanecerán vigilantes y realizarán cuantas aportaciones se consideren necesarias, en su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.